La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) reveló que ha perdido USD 8,7 millones en lo que va del 2024 debido a la criptominería ilegal. En total, 20 granjas ilegales fueron intervenidas, con una potencia equivalente al doble de la demanda energética de Pilar, Ñeembucú.

El presidente de la ANDE, Félix Sosa, indicó que las intervenciones de este año han desconectado 63 megavatios de carga instalada, lo que representa un daño patrimonial mensual de G. 13.000 millones. La mayor intervención se realizó en Salto del Guairá, donde se incautaron 2.738 equipos de minería.

A pesar de estas medidas, no se ha identificado a los responsables de las granjas intervenidas. Desde 2019, la ANDE ha ejecutado 67 intervenciones, encontrando dificultades para incautar los equipos, lo que ha llevado a la colaboración con el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.

Para enfrentar este problema, el Poder Ejecutivo propuso un proyecto de ley que criminaliza la sustracción de energía de media tensión o más, aumentando la pena a 10 años de cárcel, mientras que para baja tensión se propone una pena de 5 años.