Con la aprobación del decreto, el Gobierno paraguayo comenzará a negociar con Taiwán una nueva línea de financiamiento, que estará garantizada por el Tesoro Público. Los recursos obtenidos serán administrados por la AFD y distribuidos a través del Banco Nacional de Fomento (BNF) y entidades financieras privadas. Las postulaciones para los créditos iniciarán en julio, permitiendo a los ciudadanos acceder a estos beneficios.

El programa Che Róga Porã, que ha sido fundamental en la política de vivienda del país, recibirá un impulso significativo con este nuevo financiamiento. Esto permitirá una mayor cobertura y beneficiará a más familias de clase media, asegurando su acceso a viviendas dignas y fortaleciendo la infraestructura habitacional del país.

El programa pretende ir más allá de las funciones tradicionales de guarderías y comedores, creando un espacio integral para apoyar a las familias y garantizar el acceso a servicios públicos esenciales. Para asegurar una adecuada coordinación entre las distintas instituciones del Estado, se establecerá la «Comisión Nacional de Primera Infancia» mediante un decreto presidencial, bajo la dirección del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA).

El objetivo es completar la construcción de los 100 centros en un periodo de tres años, financiados con US$ 50 millones de los gastos socioambientales de Itaipú. Este año se abrirán 20 centros, seguidos por 40 más cada año hasta cumplir la meta. El anuncio se realizó después de una reunión entre Gutiérrez, el presidente Santiago Peña y la primera dama, Leticia Ocampos, quienes se comprometieron a apoyar esta importante iniciativa.

Giménez señaló que, aunque la criptominería no genera muchos empleos, es una opción más lucrativa en el corto plazo. La ANDE cobra una tarifa especial de US$ 40 por MW a las granjas de criptominería, comparado con los US$ 12 que paga Brasil por el excedente energético. Esta diferencia hace que la criptominería sea una alternativa viable mientras se desarrollan industrias que utilicen esta energía para crear más puestos de trabajo.

La ANDE está intensificando los operativos contra la criptominería ilegal, que afecta el suministro energético local. Hasta la fecha, se han intervenido establecimientos que causaban pérdidas estimadas en Gs. 13.000 millones mensuales. Estos esfuerzos buscan asegurar que la criptominería opere dentro de la ley, beneficiando económicamente al país y evitando perjuicios patrimoniales.

La medida busca garantizar que se alcancen niveles de excelencia en la cobertura de vacunación, tal como lo han planificado las Comisiones de Salud Animal. Senacsa informó sobre esta prórroga a través de sus redes sociales, subrayando la necesidad de adaptarse a las condiciones climáticas adversas para asegurar el bienestar del ganado.

Las lluvias han afectado significativamente el desarrollo normal de los trabajos de vacunación en diferentes regiones del país. Senacsa, comprometido con la salud animal, toma esta decisión para permitir que los ganaderos puedan cumplir con las normativas y proteger la salud de sus rebaños, asegurando así la calidad y seguridad del sector ganadero.

La contienda fue desencadenada principalmente por la intención de la Standard Oil, una empresa estadounidense, de construir un oleoducto en el Chaco Boreal para obtener una salida al mar. Bolivia, que había perdido su acceso al océano Pacífico en la Guerra del Pacífico (1879), veía en esta región occidental del Paraguay una oportunidad para recuperar su conexión marítima. Ambos países movilizaron un gran número de soldados, resultando en una guerra con severas bajas: 60,000 bolivianos y 30,000 paraguayos heridos, mutilados o desaparecidos.

La guerra no solo dejó un saldo humano trágico, sino que también significó importantes perjuicios económicos para Paraguay y Bolivia. La falta de agua y una adecuada alimentación afectaron la salud de los combatientes, exacerbando las pérdidas. Ironicamente, tiempo después de finalizado el conflicto, se descubrió que no existían yacimientos petrolíferos en la zona en disputa, subrayando la inutilidad de las luchas.

El Protocolo de Paz fue firmado por Luis Alberto Riart de Paraguay y Tomás M. Elío de Bolivia, con la mediación de importantes figuras diplomáticas, como los cancilleres argentino y brasileño. El 14 de junio cesaron los combates, y el protocolo fue ratificado por ambos países pocos días después. La paz formal se consolidó el 21 de julio de 1938 con la firma del Tratado de Paz, Amistad y Límites, donde Paraguay recuperó alrededor de 154,000 kilómetros cuadrados de territorio anteriormente bajo control boliviano.

En Luque, departamento Central se entregaron 33 viviendas del proyecto Alianza Unida, con una inversión de G. 3.122.902.035. En Ñemby, departamento Central 12 familias recibieron sus hogares del proyecto La Conquista, que contó con una inversión de G. 1.135.727.850. El proyecto San Jorge en Areguá, departamento Central benefició a 27 familias con una inversión de G. 2.689.881.750. En San Bernardino, departamento de Cordillera, 17 familias del proyecto Santa Rosa Ciervo Cuá fueron beneficiadas con una inversión de G. 1.608.947.788.

El ministro del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, informó que con estas entregas ya son 189 las viviendas inauguradas desde el inicio del mandato de Peña en agosto del año pasado. Además, Baruja destacó que actualmente hay 14.000 viviendas en construcción, lo que refleja un avance significativo en comparación con gestiones anteriores. Según el ministro, este ritmo de construcción posiciona al gobierno de Peña como uno de los más comprometidos con la solución habitacional en Paraguay.

El decálogo diseñado para reconocer las señales de riesgo de feminicidios es una herramienta fundamental. Detectar tempranamente situaciones peligrosas puede salvar vidas. Además, se promoverá la denuncia y se brindará apoyo a las víctimas. La sociedad paraguaya debe estar alerta y comprometida para lograr un cambio real.

La seguridad de las familias es un pilar fundamental para el desarrollo del país. El presidente Peña subrayó que el Paraguay no será grande solo por su gobierno, sino por la unión y determinación de todos los paraguayos. La prevención de la violencia intrafamiliar es una responsabilidad compartida que requiere esfuerzos conjuntos y una sociedad empoderada.

El certificado puede ser solicitado y obtenido de manera gratuita a través del portal web del Poder Judicial, ingresando solo el número de documento y el IC de la cédula de identidad. El documento se descarga en formato PDF.

Esta nueva herramienta digital, creada por la DGTICs y la Dirección de Estadística Judicial, no solo agiliza el trámite sino que también es ecoamigable al disminuir el uso de papel. Para consultas adicionales, los interesados pueden llamar al Centro de Informaciones Judiciales al (021) 421-307.

En un movimiento estratégico para el desarrollo económico de Paraguay, la ANDE lanzó una licitación para vender 100 megavatios de energía al mercado brasileño. Este lanzamiento se realiza en el marco del acuerdo firmado con Brasil, permitiendo la venta de energía eléctrica según las normativas brasileñas.

Con la Ley 966/64 respaldando sus acciones, la ANDE ha exportado energía previamente a Argentina y Brasil. El reciente acuerdo otorga a Paraguay la capacidad de revender energía en el mercado libre brasileño, comenzando con un bloque de energía de la central hidroeléctrica de Acaray.

La licitación está abierta en los portales oficiales, y los interesados tienen 20 días para presentar sus propuestas. Félix Sosa, presidente de la ANDE, destacó que esta licitación es crucial para el desarrollo del país. «Estamos abriendo nuevas oportunidades en el mercado energético brasileño», declaró.

La ANDE se encuentra en la fase de completar los procedimientos necesarios y espera la aprobación del Ministerio de Minas y Energía de Brasil para poner en marcha esta nueva oportunidad.

El presidente de la ANDE, Félix Sosa, indicó que las intervenciones de este año han desconectado 63 megavatios de carga instalada, lo que representa un daño patrimonial mensual de G. 13.000 millones. La mayor intervención se realizó en Salto del Guairá, donde se incautaron 2.738 equipos de minería.

A pesar de estas medidas, no se ha identificado a los responsables de las granjas intervenidas. Desde 2019, la ANDE ha ejecutado 67 intervenciones, encontrando dificultades para incautar los equipos, lo que ha llevado a la colaboración con el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.

Para enfrentar este problema, el Poder Ejecutivo propuso un proyecto de ley que criminaliza la sustracción de energía de media tensión o más, aumentando la pena a 10 años de cárcel, mientras que para baja tensión se propone una pena de 5 años.